La reforma del Estado también tienerelación con las telecomunicaciones.El tema en este caso no sólo pasa porsi el Estado garantiza que la mayoríade la población tenga acceso a las nuevastecnologías de la información y dela comunicación, sino que la forma y elcontenido tienen mucho que ver.Leonardo Ferreira, Profesor Asociadode la Escuela de Comunicación dela Universidad de Miami, en el ForoInternacional sobre Democracia en elSiglo XXI, en el año 2000, afirmaba :“Desde sus orígenes como actividadprofesional y como ciencia, la comunicaciónha operado sobre la base de quelos medios masivos tienen un decididoimpacto en los procesos sociales,especialmente los relacionados con lapaz, la democracia, y el desarrollo “( 1)Se refería, en el presente, a lo que serecibe a partir de los medios y cómoson imprescindibles pensando en lavelocidad y el manejo que de ellos sehace en esta coyuntura deglobalizacion de la información.Pensando en la coyunturaLa llamada “globalización” de la informaciónse ha caracterizado por unfuerte impacto del desarrollo de las tecnologíasde la comunicación, pero almismo tiempo ha creado nuevas formasde desigualdad y exclusión social,política y económica, en un contexto defuerte liberalización económica quereduce el rol de los estados nacionalesy cuestiona su capacidad de gestión.En el caso de los medios masivosy las industrias culturales el desarrollotecnológico y la liberalización económica,no han llevado, paradójicamente, aque el mercado cuente con una ofertaabundante y diversa de bienes culturalesy medios de comunicación masivasino, por el contrario, a la afirmaciónde una tendencia a los oligopoliosmultimedia. Éstos han reducido la pluralidadde la ofertacomunicacional, amenazando los derechosinherentes al ejercicio de unaciudadanía democrática.Lo que hay que asumirEn el Uruguay las políticas de comunicaciónnunca han estado en el centrodel debate público. Esto es particularmentegrave desde nuestra posición depaís pequeño, con escasa produccióncultural y comunicacional endógena, enun contexto donde las identidades localesy nacionales se ven interpeladaspor las imágenes de la cultura “global”hegemonizada por el modelohollywoodense. Al igual que en otrospaíses de Latinoamérica, en Uruguayel Estado expresa una preocupación -más discursiva que real- por la culturaentendida como las bellas artes (literatura,artes plásticas) o el cuidado delpatrimonio histórico (museos, monumentos).Mientras tanto el territoriode los medios masivos ylas industrias culturales -no sóloel más rentable, sino aquel queconsume la mayoría de la población-es dejado en las manos delsector privado, que se rigeprioritariamente por la lógica dela rentabilidad. Por su parte losartistas y productores independientes,así como el sector socialcomunitario, se movilizan sobre labase de escasos o nulos recursoslocales, trabajo gratuito y búsquedade financiación externa,pero sin el apoyo del Estado ni del sectorprivado y sin poder acceder a los“grandes escenarios” de los mediosmasivos para plantear sus propuestasalternativas.El escaso espíritu críticoA diario se puede ver la debilidad delEstado en cuanto al desarrollo de políticasclaras de comunicación. Se expresanen la inexistencia deuna normativa sistemática en relacióna los medios. Existen normas de diversasépocas –algunas de las más importantesoriginadas durante la dictaduramilitar- con vacíos e incoherencias.Pero incluso muchas de estasnormas han tenido un cumplimientomuy relativo, como las referidas a laconcesión precaria de las frecuenciasde radio y televisión o la duración delas tandas publicitarias.La relación entre el Estado y los mediosde comunicación ha tenido zonaspoco transparentes. Aun en este períodode gobierno actual. Por un ladoen lo que se refiere a la informacióndesde los diferentes organismos estatales:acceso a la información, presioneshacia los medios y los periodistas,etc. Por otro en lo referido a la publicidadoficial, que ha sido utilizada muchasveces como un subsidio encubiertoa algunos medios -postergando almismo tiempo a otros- sin una justificacióntécnica clara.El sector privado televisivo tiene unaamplia cobertura y está caracterizadopor la centralización de la produccióny la concentración de la propiedad, reforzadapor la irregular adjudicación delpaquete del cable. La centralización dela producción se traduce en una faltade diversidad en la oferta de los medioslocales en cuanto al contenido dela programación y la agenda informativa.Tres grupos económicos controlangran parte de la televisión abierta y paraabonados y se ramifican tanto hacia elsector radio como el de prensa escrita.Aunque compiten entre sí, estánasociados en áreas estratégicas (cable,red del interior) y hoy serian los queestarian en mejores condiciones dehacerse con el Plan Cardales tal comolo plantea el reciente decreto presidencial.Medios privados de comunicaciónLa televisión abierta está controladaprincipalmente por tres grupos empresariales(Romay, Fontaina-De Feo yScheck y Asociados), propietarios delos canales 4, 10 y 12. El último deestos grupos es, además, dueño deldiario El País”. Entre los tres grupostambién controlan, a través de RUTSA,casi toda la televisión abierta en el interior.Además, son dueños de emisorasradiales y medios de prensa escrita.Están asociados en Equital, quecontrola la mayor parte de los serviciosde televisión para abonados de Montevideoy actualmente también más de lamitad del interior, representando un67,5% de los abonados.Otro oligopolio que se encuentra atrásdel plan Cardales es el Grupo Clarín deArgentina que capta un porcentajeimportante de abonados y varias pequeñasempresas del interior. En radiola situación es peor: el Grupo Slim,dueño de Televisa Mejico y en Uruguaydel Grupo Sarandí, ha creado una cadenade radios que trasmiten la mismaprogramación aunque esto en teoríaestá prohibido.Recordemos que el Cardales o TriplePlay, como se conoce, tiene tres elementos:telefonía básica, internet y televisiónpara abonados. El problemaademás pasa porque el tipo de licenciaque maneja el decreto presidencial leda a las empresas que participen enun plan (que en teoría acercaría lastecnologías de la información al sectormás pobre de la población), la posibilidadde transferir datos, elemento quehasta ahora se encontraba en manosexclusivas de Antel. Este hecho va másallá de la gravísima omisión de atentarcontra la demomocratización de la comunicacióny el ejercicio efectivo delderecho a la comunicación en un marcode construcción de ciudadanía detodos los actores. Porque le da el monopolioa los mismos de siempre, ampliándolesel negocio actual y haciéndolomás rentable.Un decreto que tiene otros problemasPor otro lado en un comunicado públicoel sindicato de los trabajadoresde Antel plantea que “El Gobierno pretendepor decreto otorgar nuevas licenciasa privados que condicionaránel monopolio de Antel tan arduamentedefendido en las urnas por los uruguayos,lo que cambia todo el panorama.Sutel declara: 1. No nos negamosa discutir la aprobación de un nuevomarco regulador para licencias de radio,televisión y otros servicioscomunicacionales, que sustituya laactual Ley aprobada en los tiempososcuros de la dictadura. Pero esta discusiónle compete a toda la sociedady no solo al presidente saliente. Si elpresidente Vázquez considera que elpueblo uruguayo se equivocó al votarreiteradas veces el monopolio de lasempresas públicas, bueno sería consultarlopara que soberanamente decidael futuro de Antel y no tomar estadecisión entre gallos y medianoche 2.Mientras no se defina una política detelecomunicaciones, y se den los pasospara concretarla mediante la aprobaciónde un plan nacional y una ley alrespecto, no es necesario ni convenienteinnovar a través de decisiones particulares,tales como este decreto queotorga habilitaciones de servicios. Esasdecisiones particulares generan derechosadquiridos prácticamente irreversiblesy diseñan de hecho el mapa delsector, reduciendo las posibilidades dedefinir posteriormente una política públicaconsistente y coherente, en la quese marquen claramente las reglas dejuego del mercado de telecomunicaciones(quien fija políticas, quien regula,quienes operan), y se proteja adecuadamente,otorgando los medios y losplazos necesarios para el ajuste a lanueva realidad, a nuestra empresapública y a las empresas privadas nacionales”.A veces, por apurados, las cosas sehacen mal. Hoy está claro que es necesariodiscutir una ley de telecomunicacionesen la que participen todoslos involucrados. Una ley que genereconsensos y que permita poner en eltapete el tema de los medios de comunicación,su rol social y que a la vezpermita que los sectores menos privilegiadostengan acceso a las nuevastecnologías.En etapa de transición, quizás sea horade pensar en la derogación del decreto,barajar y dar de nuevo.
(1)Profesor Asociado de la Escuela deComunicación de la Universidad deMiamiForo Internacional sobre Democraciaen el Siglo XXI:Experiencias y Desafíosde Iberoamerica organizado por laFundación Global, Democracia y Desarrollo,Noviembre, 2000 ttp://www.revistainterforum.com/espanol/articulos/lferreira_43.htmlTrabajo basado en documentos de laUnidad tematica de medios de comunicaciónFrente Amplio 2005